La fiebre del litio llega al Chaco
La minería del "oro blanco" amenaza a un ecosistema único.
El Chaco paraguayo, una vasta región que abarca aproximadamente el 60% del territorio de Paraguay pero alberga sólo al 2% de su población, es uno de los ecosistemas más importantes de América del Sur.
El Chaco es muchas cosas, hogar de yaguaretés y zorros grandes. Refugio de los Ayoreo Totobiegosode, el último pueblo indígena en aislamiento voluntario de Sudamérica fuera de la Amazonía, así como de 13 pueblos indígenas más. Es un santuario de quebrachos que sangran savia roja como venas abiertas.
Pero también es otra cosa: un territorio que es perforado, deforestado y dividido.
Entre 2005 y 2020, el Chaco paraguayo perdió más de cuatro millones de hectáreas de bosque, según el Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra del Instituto Forestal Nacional de Paraguay para el periodo 2017-2020. La expansión agrícola y ganadera aparece como la principal causa.
Un informe de la misma institución para el periodo 2020-2022, registra la pérdida de otras 361.928 hectáreas. La cifra, devastadora en sí misma, tiene un rostro: comunidades desplazadas y ecosistemas destruidos.
Pero los bosques del Chaco no solo caen bajo motosierras y topadoras para dar paso a las vacas y los cultivos. Ahora, una nueva amenaza se cierne sobre la región: lo que yace bajo el suelo.
En las oficinas con aire acondicionado de grandes ciudades, este lugar tiene otro nombre: potencial. Potencial porque en su subsuelo muy probablemente se encuentra el litio, el “oro blanco” de esta era. Este mineral es esencial para fabricar baterías que alimentan teléfonos, computadoras, autos eléctricos. Y con autos eléctricos, dicen algunos, se salvará el planeta.
En un mundo que busca desesperadamente soluciones a la crisis climática, el Chaco emerge como una pieza clave en la cadena de un futuro aparentemente más limpio, aunque a expensas de su propia supervivencia.
Entre el oro blanco y el despojo
La minería de litio llegó al Chaco envuelta en el mismo traje que siempre viste el progreso: promesas de desarrollo, cifras de PIB, gráficos optimistas de exportaciones.
Este territorio se encuentra ahora bajo la mirada de empresas extranjeras como Chaco Minerals, que se auto perciben como “líderes en minería sustentable de litio en Paraguay”. El precio del progreso, para las empresas, es bajo. Según datos de representantes de la firma canadiense, pagan medio dólar por hectárea.
Además, en su presentación corporativa, señalan las ventajas económicas de invertir en Paraguay, entre ellas: “exenciones de impuestos a las ventas en la exploración, exime de impuestos corporativos durante los primeros 5 años de explotación, y un impuesto corporativo del 10% después del quinto año, la repatriación de las ganancias por la minería de litio está libre de impuestos y los mineros pueden recibir un crédito fiscal del 10% por la exportación”.
Bajo los gobiernos de Mario Abdo y Santiago Peña (Partido Colorado), el Chaco paraguayo se ha convertido en un campo de oportunidades para la minería de litio. Según registros del Catastro Minero del Viceministerio de Minas y Energía, han sido gestionados al menos 40 proyectos destinados a la prospección de sales con potencial mineral en litio, potasio y otros minerales y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) ha aprobado al menos 28 de estas solicitudes.
El costo del litio, entonces, no solo se mide en hectáreas o impuestos exonerados, sino también en lo que queda fuera de las cifras. En el Chaco, los suelos no son solo tierra: son territorio, memoria, hogar. Para las comunidades chaqueñas, cada hectárea perdida no es un cálculo contable, es un espacio arrebatado a su forma de vida. La minería de litio, con su promesa de energía limpia, amenaza con repetir una historia que el Paraguay conoce demasiado bien: la privatización de las ganancias y la socialización de la destrucción.
Según una investigación de Consenso, una de las prospecciones de litio habilitadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para la empresa Valquiria Exploration S.A. (que no forma parte del holding de Chaco Minerals, pero comparten representante legal y consultor a cargo de la Evaluación de Impacto Ambiental) se encuentra en territorio Ayoreo Totobiegosode, el único pueblo indígena no contactado fuera de la Amazonía.
El territorio esta protegido por una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Patrimonio Natural y Cultural Ayoreo Totobiegosode (PNCAT) y ya fue despojado por empresas como Chortitzer con el fin de vender cuero vacuno a fabricantes de auto de lujo en Europa.
Pero más allá de las tierras y los ecosistemas, surge una pregunta aún más urgente: ¿qué beneficio realmente ven los ciudadanos paraguayos en todo esto? Sin un proceso de industrialización local, sin la generación de empleos dignos y sostenibles, y con una estructura fiscal que apenas toca a las grandes empresas extranjeras, el Estado paraguayo parece quedar reducido a un espectador distante. Paraguay sigue siendo un exportador de recursos sin valor agregado, mientras que los beneficios para su gente se disuelven entre los números, casi imperceptibles.
El litio, como parte de la ecuación para un futuro energético más limpio, no debería ser una condena para las comunidades que habitan estos territorios. Lo que se está observando es una reedición del ciclo extractivista que ha marcado la historia de Paraguay: el despojo a los más pobres para llenar el bolsillo de los más poderosos.
El peligro de una transición energética injusta
El caso de los Ayoreo Totobiegosode es particularmente revelador. Este pueblo indígena ha vivido durante siglos en un territorio que ahora está siendo entregado para la prospección minera, a pesar de que la comunidad ha resistido al contacto con el mundo exterior. Esta es una historia común para muchos pueblos indígenas en el mundo: una historia de despojo bajo el nombre de progreso.
El impacto en el país va más allá de la minería en sí misma. El modelo extractivista que se impone no deja espacio para el desarrollo local ni para la creación de empleo genuino. Las exenciones fiscales y las ventajas impositivas para las empresas mineras no se traducen en oportunidades para la población. En cambio, nos quedamos con un país donde las riquezas naturales son extraídas a cambio de poco, con una promesa de “desarrollo” que nunca llega a quienes realmente lo necesitan.
Si el litio es el recurso que impulsará la próxima revolución tecnológica y energética - y que de hecho, lo está haciendo -, ¿por qué las comunidades que lo tienen bajo sus pies no están viendo nada más que su peligro? La industria minera, aunque enmascarada bajo un discurso de futuro sostenible, sigue manteniendo los mismos modelos de concentración de poder y riqueza que nos llevaron a la crisis climática que hoy dicen querer resolver.
Taguide Picanerai, abogado en formación y miembro de la comunidad de Chaidi, un asentamiento Ayoreo dentro del PNCAT, comenta a The Paraguay Post que no fueron consultados ni por el gobierno ni la empresa cuando se habilitó la prospección de litio dentro del patrimonio en los últimos meses del gobierno de Abdo Benítez.
“Yo creo que más allá de que pueda traer resultados positivos o negativos, se tiene que consultar sí o sí a las comunidades indígenas previamente, y a partir de allí ver si estos resultados podrían tener algún impacto positivo o negativo dentro de la región y también en la comunidad directamente afectada,” explica Picanerai.
“Sabemos perfectamente que a nivel mundial el tema de los autos eléctricos forma parte de los gobiernos actuales, está en la agenda,” agrega. “Pero deberíamos ser consultados en cuanto a este tipo de proyecto y ver si nos afecta o no, y por supuesto otras personas que estén o no dentro del patrimonio.”
