
Hace 49 años, en un cementerio de las afueras de Asunción, una madre estaba enterrando a su hijo junto a una pareja joven cuando un camión se detuvo cerca de ellos.
Cuatro policías y un sepulturero bajaron un cajón rústico de tablas clavadas. Lo enterraron sin ceremonia en un pedazo de tierra sin nombre, debajo de un árbol de mango.
Era marzo de 1977. Paraguay llevaba casi un cuarto de siglo bajo la dictadura más larga de Sudamérica.
El régimen del general Alfredo Stroessner (1954-1989), armado y financiado por Estados Unidos, hacía desaparecer a sus críticos. Preguntar era algo peligroso.
Pero a uno de los presentes le ganó la curiosidad. Se acercó al sepulturero y le preguntó en guaraní quién estaba en el cajón.
“Dicen que le mataron al doctor Agustín Goiburú”, le respondió. “Y acá por lo menos debajo de esta sombra va a descansar tranquilo”.
Agustín era el enemigo público número uno del régimen.
Médico cirujano y dirigente del Movimiento Popular Colorado (Mopoco), una disidencia del propio partido de Stroessner, curaba a víctimas de tortura, denunciaba los abusos y les ayudaba a escapar.
También planeó matar al dictador colocando explosivos cerca de su comitiva. Tras ser secuestrado en 1969, se fugó de su celda por un túnel y volvió al exilio en Argentina.
Entonces el régimen stronista, miembro fundador del Operativo Cóndor, un plan regional para exterminar a la izquierda, lo mandó secuestrar otra vez en febrero de 1977. Lo torturó y lo desapareció.
Rogelio Goiburú, que entonces tenía 20 años, nunca más volvió a ver a su papá.
Hoy Rogelio, también médico, dirige el organismo estatal encargado de buscar a los cientos de personas desaparecidas por la dictadura. Entre ellas, Agustín.
La búsqueda de toda su vida tiene ahora una nueva esperanza.
Hace poco salió a la luz un testimonio de hace décadas. Lo reveló el hijo de uno de los testigos, que se acordó de la historia al ver a Rogelio en la tele. Según ese relato, los restos de Agustín están en el Cementerio del Este de Asunción.
La historia, tal como la cuenta Rogelio, es la que abre esta nota.
Rogelio también habló con trabajadores del cementerio municipal, quienes le contaron que colegas ya jubilados les habían hablado de un entierro clandestino cerca del muro perimetral, en ese entonces un alambrado.
“Y por eso no podemos no excavar en este lugar”, dijo Rogelio, hoy de 70 años, a The Paraguay Post la semana pasada. Unos voluntarios paleaban la tierra bajo el mango retorcido que hoy da sombra a un amontonamiento de panteones familiares.
Es una versión macabra de buscar una aguja en un pajar: ubicar un cuerpo escondido entre miles.
“Encontramos fragmentos óseos”, dice Adriana Sartorio, parte de un equipo de científicos forenses de la Universidad Estatal de Arizona (ASU) que apoya la investigación. “No podemos decir absolutamente nada sobre el origen de los fragmentos, pero se encontraron fragmentos”.
La idea es extraer ADN, compararlo con muestras de Rogelio y su familia e identificar a Agustín. Se trata, dice Sartorio, “de tratar de reconstruir y darle una muerte digna a la gente que en verdad necesita por la injusticia que el gobierno de este entonces nos daba”.
Sartorio tiene 44 años y es paraguaya. Su papá conoció a muchos de los desaparecidos de la dictadura. “Es algo que es personal también”.
Después de décadas de callejones sin salida, Rogelio tiene una confianza serena.
“Papá era un poco cabezón, tenía la cabeza un poco grande y yo me voy a dar cuenta por el tamaño del cráneo”.
También pide a otros testigos, incluidos los policías que enterraron a Agustín, que se animen a hablar y “pierdan el miedo”.
Le preguntamos por qué tendrían miedo todavía. Rogelio sonríe y señala al pequeño grupo de sobrevivientes y acompañantes que lo apoyan en la búsqueda.
“Esa pregunta la podría responder cualquiera de los que estamos por acá… Stroessner se fue al exilio, cayó del poder, pero el stronismo sigue vigente”.
Allegados de Stroessner siguen ocupando cargos. El mismo Partido Colorado del dictador sigue en el poder. Pocos de sus funcionarios han sido condenados.
“Jamás a nadie se le ocurrió, siendo altas autoridades del Partido Colorado, hacer un acto de repudio, de disculpas, de todos los daños que causó, no solamente a… a las víctimas sobrevivientes que hasta ahora están, sino también a la ciudadanía, al pueblo paraguayo”, sigue Rogelio.
El actual presidente, Santiago Peña, dijo tras ser electo que Stroessner trajo “estabilidad” y progreso, aunque reconoció un “déficit” del régimen en derechos humanos.
Le preguntamos a Rogelio si su oficina, la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, recibe fondos del Gobierno.
“¿Cómo se dice cero en inglés?”, responde. “Nothing”.
Mientras los policías paraguayos andan en camionetas Hilux, Rogelio va a la excavación en un Mercedes-Benz sedán de 1986 que ya acusa sus años.
A veces usa la camioneta de su mamá, “que es más vieja todavía”. El vehículo que le dio el Gobierno está descompuesto, cuenta, y no le reembolsan lo que gasta en arreglos.
Los especialistas de Arizona pagaron sus propios pasajes, prestaron sus instrumentos y donaron su tiempo. Un fondo de la ONU ayudó a pagar a los sepultureros y a cubrir gastos.
Tras cuatro días de palear y cernir tierra, el optimismo empecinado se apaga un poco.
El grupo exhuma varios esqueletos que ya figuran en los registros del cementerio. También encuentra fragmentos de al menos otros dos cuerpos.
“Los huesos están muy degradados y desconozco en este momento cuáles son las capacidades del laboratorio científico para rescatar material genético”, explica Rogelio.
Los restos se analizarán la semana que viene en la Morgue Judicial y después irán a Arizona para más pruebas. “Y así en conjunto poder determinar qué es, cuál va a ser la conducta”.
Antes de irse, el grupo vuelve a cubrir las tumbas y deja ramos de flores sobre la tierra colorada y húmeda.




LA MIRADA DEL POST:
Las nuevas excavaciones de Rogelio llegan en un momento delicado.
De visita en Paraguay esta semana, el alto diplomático estadounidense Christopher Landau firmó un acuerdo de seguridad fronteriza y otro para ayudar a Paraguay a interceptar avionetas sospechosas de transportar drogas.
“Para mí serán días muy emotivos, estar de vuelta en Paraguay”, dijo Landau, vicesecretario de Estado de EE. UU.
Es hijo de George Landau, embajador de Washington ante el régimen stronista entre 1972 y 1977. Recordó con cariño su infancia en Asunción, ciudad que dejó a los 13 años.
Documentos desclasificados del Gobierno estadounidense indican que Landau padre estaba al tanto del Operativo Cóndor por lo menos desde agosto de 1976. Estados Unidos siguió dándole armas y dinero a Stroessner durante años.
Consultada por el Post, la embajada de EE. UU. en Asunción confirmó que el vicesecretario no hizo ninguna referencia a la dictadura stronista en esta visita.
Landau sigue su viaje a la Argentina de Javier Milei. Su gira llega mientras la Casa Blanca de Donald Trump presiona a sus aliados regionales para que se sumen a su ofensiva contra supuestos “narcoterroristas”.
Según organizaciones de derechos humanos, EE. UU. ha matado a más de 230 personas en un año de bombardeos por tierra y mar, respaldándose en evidencias endebles.
Paraguay descartó por ahora que tropas estadounidenses combatan a bandas criminales en su territorio, pero sí autorizó entrenamientos y ejercicios conjuntos. Mientras tanto, casos de gatillo fácil entre sus propias fuerzas de seguridad han ido en aumento.
En agosto, agentes antidrogas mataron a un docente y a un líder indígena en la comunidad Tekoha Y’apo, supuestamente en defensa propia. La comunidad dice que los dos hombres fueron emboscados y ejecutados en el marco de un conflicto por tierras.
En diciembre de 2023, policías y militares irrumpieron en la penitenciaría de Tacumbú, en Asunción, para retomar el control. Murieron un policía y 11 reclusos. El presidente Peña calificó la operación de “histórica y sin precedentes”.
En 2020, el entonces presidente Mario Abdo Benítez posó triunfante después de que una fuerza de tarea atacara en Concepción a un campamento supuestamente del EPP, un grupo armado de izquierda.
Poco después se supo que dos niñas de 11 años, hijas de miembros del EPP, habían muerto en el operativo. Las autoridades las enterraron ese mismo día en un cementerio local, sin autopsia.
“Hoy vivimos en este espacio, donde por lo menos ya no nos pueden secuestrar así impunemente, torturar y asesinar y ocultar nuestros cuerpos. Sin embargo, desde luego que sabemos que allá en los confines de nuestra patria se siguen haciendo esas cosas”, sostiene Rogelio.
Los jóvenes saben poco de la dictadura, agrega. Por eso plantea que las escuelas deberían tener la obligación de enseñar las conclusiones de la Comisión de Verdad y Justicia, que investigó el saldo siniestro del régimen: 3.470 exiliados, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 336 desaparecidos.
Casi dos tercios de los paraguayos nacieron después de 1989, cuando los generales de Stroessner despacharon al envejecido dictador a una playa de Brasil.
Según el último informe de Latinobarómetro, una encuesta de opinión regional, los paraguayos muestran una profunda ambivalencia respecto a la democracia imperfecta que vino después.
El 71% dijo que no le importaría que llegara al poder un gobierno no democrático si resolviera los problemas del país. Es el porcentaje más alto de toda América Latina.
El 55% de los encuestados paraguayos dijo que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. El 33%, sin elecciones.
En el cementerio, el Post le pregunta a Rogelio cuál es su mensaje para la ciudadanía. Su respuesta es tajante: “Que esto no tiene que volver a suceder en Paraguay”.



